- Más de 400 organizaciones, pueblos, universidades e instituciones de investigación participaron en el proceso de discusión y elaboración de la Iniciativa
- La ICLGA está respaldada por más de 160 mil firmas ciudadanas
- Participan como testigos de honor el director del IMTA, los Subsecretarios de la SEMARNAT, de SADER y de la SEP, la Alcaldesa de Iztapalapa y los Presidentes de las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento; Pueblos Indígenas; Salud y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
- Esta Iniciativa sienta las bases para una amplia participación ciudadana y de los pueblos para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua, en cumplimiento a la reforma del art. 4° constitucional, que mandata una Ley General de Aguas desde febrero de 2013.
Este 4 de febrero a las 10 am en el Salón de Protocolos se realiza el Acto de Entrega de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, respaldada por más de 160 mil firmas ciudadanas acreditadas con credencial de elector, a los representantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El Artículo 71 fracción IV permite la presentación de Iniciativas Ciudadanas cuando éstas sean respaldadas con las firmas de por lo menos el 0.13% de la lista nominal de electores.
La Iniciativa Ciudadana propone:
- Establecer procesos consensuados de planeación para enfrentar el sobreconcesionamiento y la contaminación impune en cada territorio del país.
- Restaurar los derechos de los pueblos indígenas y los núcleos agrarios, y establecer esquemas de apoyo para sus labores de restauración y defensa de las fuentes del agua del país.
- Establecer criterios objetivos de sustentabilidad públicamente medibles como condición para el otorgamiento de grandes concesiones de aguas nacionales, para así restaurar las cuencas y acuíferos y poner fin al ejercicio arbitrario de la autoridad, el cual ha permitido la autorización de aguas nacionales para proyectos demandantes de agua en zonas de alto estrés hídrico, como en los casos de Constellation Brands en el Valle de Mexicali, de Goldcorp en Zacatecas y de la nueva fábrica de la Modelo en el Acuífero Apan, Hidalgo.
- Democratizar y transparentar la administración de los sistemas municipales, haciendo obligatoria la distribución equitativa del agua a todos los hogares.
- Cerrar la puerta a la privatización de sistemas municipales y de obras hidráulicas.
- Permitir la aplicación de recursos públicos solo en obras aprobadas a través de una Evaluación de Costo-Beneficio Social, Económico y Ambiental, para poner fin al despilfarro a favor de megaproyectos hidráulicos con costos excesivos y de cuestionable valor de cada sexenio (como el Emisor Oriente, la Planta Atotonilco, las obras hidráulicas de NAICM, Presa y acueducto Zapotillo, entre otros).
- Crear un Dictamen de Impacto Sociohídrico, que bloquearía la autorización de cualquier obra o actividad que vulneraría el derecho humano al agua de las comunidades.
- Establecer políticas fiscales y tarifarias que reemplazarían el actual esquema de subsidios indirectos para grandes usuarios, con un sistema en el cual los que obtienen mayores beneficios económicos del aprovechamiento de aguas nacionales pagarían derechos suficientes para cubrir el costo de manejo y renovación de las aguas que utilizan y permitiría además cubrir el costo de las obras requeridas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento para toda la población.
- No permitir el uso de aguas nacionales para la minería tóxica ni el fracking.
- Poner fin a las actuales dinámicas de corrupción a través de una Contraloría Social del Agua, con unidades auto-organizadas desde el nivel local hasta el nacional.
- Contar con una Defensoría del Agua y el Ambiente, la cual utilizaría recursos públicos y abogados especializados para obligar a los grandes concesionarios infractores a cubrir el costo total de los daños que han causado a los cuerpos de agua, las comunidades y los ecosistemas.
- Establecer mecanismos de diálogo y medidas de protección para así prevenir el uso de la fuerza pública en contra de los defensores del agua.
El 8 febrero 2012, se reformó el Artículo 4 de la Constitución reconociendo el derecho al agua y a un medio ambiente sano. El tercer transitorio de esta reforma exigió la aprobación de una Ley General de Aguas que siente las bases para la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable al vital líquido, en un marco de derechos humanos y derechos de los pueblos. Esta Iniciativa asume ese mandato y abre las puertas a la coparticipación ciudadana-gubernamental del agua”, afirmó el Dr. Oscar Monroy Hermosillo, exRector de la UAM Iztapalapa, quien es el representante ciudadano para la presentación de la Iniciativa.
“La Ley de Aguas Nacionales vigente tuvo como objetivo central entregar las aguas de la Nación y su manejo a intereses privados, a través de un sistema de concesiones, las cuales son objetos de compra y venta. Desde su aprobación, en 1992, la Comisión Nacional del Agua ha otorgado más de 537 mil concesiones, en violación de vedas, disponibilidades y los derechos de pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales,” afirmó Pedro Moctezuma Barragán, co-fundador de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, instancia formada en el proceso de elaboración de la Iniciativa y en la preparación para su instrumentación.
“Es impostergable contar con una Ley General de Aguas que respete los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre las aguas en sus territorios, previos y superiores al sistema de concesiones,” comentó la Lic. Maira Olivo Paz, abogada de Flor y Canto de Valles Centrales de Oaxaca.
Olivo recordó que la aprobación de ésta propuesta permitirá saldar al menos una de las deudas del Estado Mexicano con los pueblos indígenas, así como sentar las bases para discutir otras reformas constitucionales que atropellan el derecho de los pueblos indígenas, “Ésta es sin duda una oportunidad para realmente discutir no sólo la Ley General de Aguas, sino todas aquellas reformas constitucionales”
”Por su parte, Rogel del Rosal Valladares de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina comentó que “La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas representa la oportunidad de sentar las bases jurídicas para proteger las aguas de México y, como lo ha afirmado el Presidente de la República, proteger a la naturaleza y evitar megaproyectos devastadores como son el fracking y la minería tóxica.”
Para evaluar el funcionamiento de esas concesiones, la Conagua actualmente cuenta con solo 85 inspectores, mientras que 60% de los cuerpos de agua del país oficialmente están contaminados y 25 millones de mexicanos (en 2017) contaban con agua en sus casas solo dos o tres veces a la semana, en tanto que 14 millones de mexicanos no contaban con servicios sanitarios conectados a sistemas de drenaje.
Según un estudio reciente del World Resources Institute, habitantes de 15 estados de la República (Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Morelos, Jalisco y Tamaulipas) sufren un grado de estrés hídrico “extremadamente alto” y están acercándose a su “Día Cero.”
Frente a este panorama, la Iniciativa Ciudadana representa el compromiso y la capacidad de la ciudadanía y los pueblos de colaborar con los tres niveles de gobierno para construir un buen gobierno del agua.
Para mayor información, contactar a Cecilia Navarro (bcecilia.navarro@gmail.com o 555454 0678) o Elena Burns (elena.centli@gmail.com o 554090 6075).
