Los días 06 y 07 de octubre del 2017, nos hemos reunido en la casa pastoral de la Diócesis de Puerto Escondido, representantes de las comunidades de Tataltepec de Valdez,  Tilzapote, San Pedro Amuzgos, San Pedro Atoyac, Santa María de Huazolotitlán, Santiago Jamiltepec, San Pedro Tututepec, Lázaro Cárdenas Puerto Escondido, Santo Domingo de Morelos, San Francisco Cozoaltepec, Candelaria Loxicha, San Juan Cacahuatepec, el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde y las organizaciones de derechos humanos: Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A. C. y Tequio Jurídico A. C. con el firme objetivo de analizar las problemáticas que vivimos en nuestra tierra y territorio para construir conjuntamente mecanismos de defensa colectiva.

Hemos analizado que los territorios de las comunidades y pueblos indígenas se encuentran en riesgo debido a la implementación de proyectos extractivos como la minería, las presas hidroeléctricos, desarrollo turístico e implementación de leyes que atentan contra los derechos de los pueblos como la ley de hidrocarburos, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y los programas de gobierno entre ellos el Programa de Registro de Acto Jurídicos Agrarios (RAJA).

Constatamos que el extractivismo como parte del sistema capitalista atenta contra la vida colectiva de las comunidades; sus relaciones sociales y su territorio para ponerlo en manos de las grandes empresas, favoreciendo el despojo, la violencia, la división comunitaria, la pérdida de identidad y del patrimonio comunitario.

Escuchamos con preocupación la situación de violaciones graves a sus derechos humanos que viven los habitantes de la Agencia Municipal de Tilzapote, Municipio de Santa María Tonameca ante el riesgo inminente de ser desalojados violentamente de su comunidad en próximos días 14 y 15 de octubre, por agremiados de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), bajo el argumento de ejecutar una Resolución Judicial en favor de los supuestos pequeños propietarios PEDRO MARTINEZ ARAIZA Y DOMITILA GUZMAN OLIVERA quienes no se han presentado ante la comunidad ni ante la asamblea.

Las y los integrantes de la comunidad de Tilzapote, tienen aproximadamente 70 años habitando su territorio, ubicado en la franja Costera del Pacifico Oaxaqueño, cuenta con una población de 278 habitantes del pueblo indígena zapoteca, todos cuentan con viviendas y predios, donde cultivan alimentos para la vida: maíz, frijol, cacahuate, melón, sandía, jamaica, entre otros productos. Cuentan con una casa de salud y energía eléctrica, dos kilómetros de playa que permite se dediquen a la pesca y la carretera costera Puerto Escondido- Salina Cruz atraviesa su poblado. El núcleo agrario del que forman parte (San Francisco Cozoaltepec) colinda al sur con el Océano Pacífico, al norte con San Bartolo Loxicha y Magdalena Loxicha, al poniente colinda con Santa María Colotepec y al oriente colinda con el otro núcleo Agrario de su Municipio de Santa María Tonameca y Santo Domingo de Morelos.

Ante grave la situación que viven nuestros pueblos y en concreto la comunidad de Tilzapote del Núcleo Agrario de San Francisco Cozoaltepec, Municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, las organizaciones y participantes solicitamos lo siguiente:

  1. SE RESPETE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO CON SEDE EN LA CIUDAD DE OAXACA, EN EL JUCIO DE AMPARO 880/2017. Mesa 6 – A, del Juzgado 1º de Distrito con sede en la ciudad de Oaxaca.
  2. Intervención inmediata de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que acompañe a la comunidad emitiendo una ALERTA TEMPRANA para garantizar que se respeten los derechos humanos y la integridad física de los miembros de la comunidad.
  3. Pedimos a los pueblos, organizaciones civiles de Oaxaca, nacionales e internacionales, a los colectivos, a las y los defensores del territorio estar atentos para emitir acciones urgentes y alzar la voz en caso de que se incremente las amenazas de despojo de nuestro territorio.
  4. Responsabilizamos al Gobernador del Estado, al titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), a la Confederación de Trabajadores de México, a la Procuraduría Agraria en caso de presentarse actos de violencia en nuestro territorio.
  5. Pedimos al gobierno mexicano que garantice la seguridad e integridad física de los habitantes de la comunidad de Tilzapote y las personas defensoras de derechos humanos que trabajan con ella en base a los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la amenaza de despojo forzado de su territorio.
  6. Denunciamos la presión por parte de la procuraduría agraria para que nuestros ejidos y comunidades acepten la implementación del Programa conocido como Registros de Actos Jurídicos Agrarios (RAJA).

 

Nuestra es la tierra y el territorio y no lo dejaremos

Nuestro es el aire y no lo perderemos

Nuestro es el sol y no lo apagaremos

Nuestro es el mar y no lo venderemos

Y esta vida que es nuestra cuidaremos

Tataltepec de Valdez, Tilzapote, San Pedro Amuzgos, San Pedro Atoyac, Santa María de Huazolotitlán, Santiago Jamiltepec, San Pedro Tututepec, Lázaro Cárdenas Puerto Escondido, Santo Domingo de Morelos, San Francisco Cozoaltepec, Candelaria Loxicha, San Juan Cacahuatepec, el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A. C., Tequio Jurídico A. C., Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Comisión de Pastoral Indígena de la Diócesis de Puerto Escondido y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Casa Pastoral de la Diócesis de Puerto Escondido, Rio Grande a 7 de octubre de 2017.

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