A los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de México
Al Estado mexicano en sus distintos niveles y poderes
A los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos
A la opinión pública nacional e internacional
Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020
La ALDEA exige al Estado pasar del discurso a la acción y concretar las reformas pendientes en foro con autoridades internacionales
- Pueblos y comunidades de la ALDEA exigen el reconocimiento efectivo de sus derechos en la legislación mexicana, con su plena participación y consulta.
- Relatorías especiales de la CIDH, la ONU y el Representante de la OACNUDH en México recapitulan pendientes del Estado mexicano en materia de derechos indígenas.
Con la participación de pueblos, comunidades indígenas y distinguidas autoridades internacionales, la Alianza por la Libre Determinación y a la Autonomía (ALDEA) llevó a cabo el Foro Internacional “La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México”. Desde la voz de los pueblos de la Aldea, la organización Flor y Canto ofreció una ceremonia de bienvenida a los participantes y una ofrenda para sus buenos trabajos y el éxito de esta nueva Alianza que aglutina a comunidades y organizaciones indígenas de más de 10 estados de la República, pertenecientes a los pueblos Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa, en articulación con organizaciones civiles.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que esta Alianza busca que “las voces y los corazones de los pueblos indígenas de México lleguen aún más lejos”, para ser escuchadas y respetadas por los gobiernos y traducida en cambios en políticas y leyes concretas, ya que durante las últimas décadas se han priorizado los intereses económicos por encima de los derechos colectivos de las comunidades. Inspirado en el rito inaugural, pidió fortaleza a la Madre Tierra para que brinde luz a los pueblos por lograr su autodeterminación y autonomía y el respeto de la integridad de sus territorios. Exhortó al Estado mexicano a mantener un canal de diálogo respetuoso con los pueblos de esta Alianza para el avance de las reformas pendientes.
Por su parte, la Comisionada, Antonia Urrejola, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltó que, el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas. Asimismo, recordó los señalamientos por actos de criminalización de defensores y defensoras indígenas en la defensa de su territorio y la falta de una “perspectiva cultural” y de un “acceso efectivo a la justicia”. Describió cómo el derecho a la libre determinación se ha ido profundizando a lo largo de los años en el sistema interamericano de Derechos Humanos, generando una obligación de los Estados a respetarlo y garantizarlo, e hizo un llamado al Estado mexicano a llevar a cabo un diálogo intercultural efectivo con los pueblos y comunidades. Informó, como nota relevante, que la CIDH estará desarrollando un informe especial sobre el tema de libre determinación para 2021, con el objetivo de dotar este derecho fundamental con mejores herramientas de protección y defensa. Por último, comentó que la Relatoría a su cargo tiene como propósito dar asistencia técnica al Estado mexicano para que la Reforma Constitucional impulsada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se apegue a los estándares internacionales. Por su parte, Efraín Avilés, Vocero del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, expresó que a pesar de todo el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas, en la realidad estos son violados y sus sistemas propios son criminalizados, al grado que actualmente tres defensores de su comunidad están encarcelados. En este sentido, pidió a legisladores y al gobierno pasar del discurso a la acción y aprobar la Reforma Constitucional pendiente para que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como “sujetos de derechos público”, con la participación activa de los pueblos y que se tome en cuenta la agenda de 10 puntos [1]desde la ALDEA.[2]
Felicitas Martínez, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC), mujer y defensora indígena Me’Phaa de Guerrero, hizo un recuento histórico de los logros del sistema de seguridad y justicia comunitaria creado hace 25 años. Habló de su lucha como mujer indígena para ejercer posiciones de mando en una organización tradicionalmente masculina. Resaltó que aunque se encuentra amparados en el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Mexicana y aporta paz y seguridad a sus comunidades, los integrantes de la CRAC-PC, han sido criminalizada por el Estado. Por ello, exigió al Congreso estatal que apruebe la propuesta de Reforma a la Constitución del estado de Guerrero elaborada por los pueblos, para que se reconozcan plenamente sus sistemas normativos propios. Desde los Valles Centrales de Oaxaca, el Presidente de la Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), Andrés Odilón, y la secretaria de la Red, Dolores Cruz, manifestaron que luego de 4 años de iniciada la consulta en Valles Centrales, y a un año de haber logrado firmar un acuerdo que garantice su participación en la administración del agua como pueblos, para preservarla y su acceso colectivo para subsistencia. “el Estado Mexicano no ha cumplido y se ha negado a proporcionar información, no responde a nuestras solicitudes y tampoco nos reciben, nos ignoran y discriminan”. Plantearon que “ahora que se ha mandatado al Congreso emitir una Ley de Consulta, lo importante, es garantizar nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, así como nuestro derecho a definir nuestras prioridades de desarrollo”. De igual manera, exigieron que la actual Legislatura cumpla su obligación de aprobar una nueva Ley General de Aguas que incorpore los derechos de los pueblos indígenas.
Por parte, del pueblo Maya, Jorge Oziel Pech, integrante del Colectivo Maya de los Chénes, destacó el proceso de defensa del territorio maya frente a la agroindustria transgénica de Monsanto. Explicó cómo, a pesar de obtener una sentencia de la SCJN en 2015 en la que se ordenó una consulta sobre la siembra de soya transgénica en su territorio, el proceso de consulta ha sido violatorio de todos los parámetros internacionales, y que el actual gobierno no hizo más que replicar las prácticas de la administración anterior y llevar a cabo una consulta a modo. Resaltó la grave situación de las comunidades indígenas de Yucatán frente a los embates de la agroindustria, de parques solares y eólicos, y finalmente del Tren Maya, vulnerando sistemáticamente su derecho a la autonomía y la libre determinación. Hizo un llamado desde la ALDEA a que el Estado mexicano reconozca plenamente los derechos de los pueblos a través de diversas reformas legales y mantenga un verdadero diálogo en condiciones de respeto e igualdad con las comunidades.
Ante este complejo panorama, el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, comentó que las demandas expresadas por las comunidades coinciden con las diversas recomendaciones de la Relatoría. En particular, en el último informe sobre México su predecesora, Victoria Tauli-Corpuz, señalaba como pendiente la necesidad de adecuar la legislación en materia de industrias extractivas, aguas, en materia agraria con apego a los derechos reconocidos a nivel internacional. Manifestó preocupación por los distintos recortes presupuestales que afectan a derechos de pueblos indígenas y fue enfático en que el combate a la pandemia del Covid-19 no debe hacerse a costa de reducir la garantía de derechos para los pueblos indígenas, que históricamente han vivido en condiciones de marginación y discriminación. También, se pronunció por la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres indígenas. Por último, el nuevo representante de la OACNUDH para México, Guillermo Fernández- Maldonado, comentó que se han emitido múltiples recomendaciones al Estado Mexicano desde las Relatorías especiales sobre pueblos indígenas, de Agua, de Defensores, así como de los Comités de Derechos Humanos, de las que el Estado debe dar cuenta de su cumplimiento. Comentó que, si bien existen grupos de intereses económicos y políticos que ven a los pueblos y comunidades como obstáculo por lo que emplean la violencia, también existe un gran desconocimiento hacia los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo al servicio público. Consideró que es papel también de su gestión y en coordinación con los demás mecanismos internacionales brindar y proporcionar asistencia técnica en esta materia al Estado mexicano, además de las acciones de denuncias que tradicionalmente se hacen.
Desde la ALDEA seguiremos trabajando para construir estrategias colectivas que sumen a fortalecer el marco jurídico para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, luchando por el reconocimiento y garantía de derechos colectivos en la legislación mexicana y ante el actual Gobierno. El Foro Internacional “La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México”, puede verse completo aquí.
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