*En el marco del día internacional de los Derechos Humanos, la COPUDA y Flor y Canto exigen armonizar la Constitución con Tratados Internacionales, como el caso del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de diciembre de 2019. El Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto junto a la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, exigieron al Presidente de la República así como a la Cámara de Diputados y Senadores, ser congruentes en el impulso a reformas que garanticen el respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios y recursos naturales, en contraparte al modelo extractivo que impera y vulnera los Derechos Humanos de cientos de comunidades del país.
Desde la experiencia del movimiento por la Defensa del Agua, es urgente que el marco constitucional se armonice con tratados internacionales, como es el caso del artículo 14.1 del Convenio 169 de la OIT, el cual hace un “reconocimiento pleno del derecho de propiedad sobre el territorio”, lo que obligaría al Estado mexicano brindar garantías y protección efectiva del derecho a la tierra, territorio y recursos naturales con pleno respeto a los sistemas normativos indígenas y de tenencia de la tierra.
Por otro lado, se encuentra la Declaración de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, en cuyo artículo 25 amplía el concepto de territorio, incluyendo las aguas, mares, ríos y lagunas. Armonizar tratados internacionales con nuestra carta magna será una verdadera muestra de voluntad política, pasando del discurso a los hechos; cabe mencionar que actualmente, más del 80% de los recursos naturales del país se encuentran en territorios de los pueblos originarios, sin embargo, no existe pleno respeto ni reconocimiento a los derechos territoriales.
Ante el contexto actual de saqueo a los territorios indígenas, resulta fundamental hacer cambios de fondo al marco constitucional, así como a las leyes secundarias que privilegian a empresas privadas y trasnacionales en el uso y explotación de recursos naturales, tal es el caso del artículo 2º constitucional, párrafo VI que condiciona el uso y disfrute de los territorios indígenas, a excepción de aquellas zonas donde terceros (empresas o particulares) hayan adquirido derechos, o territorios que son parte de áreas estratégicas para el estado (como el caso de la minería).
De igual forma el 27 constitucional habla de la propiedad de tierras y aguas de la nación, estableciendo que el estado tiene el derecho de transmitir la propiedad y uso de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. De continuar las leyes como hasta hoy en día, seguirá latente el despojo a los pueblos originarios y un daño irreparable al medio ambiente.
El 12 de octubre pasado, 16 Comunidades Indígenas Zapotecas del Valle de Oaxaca que integran la COPUDA firmaron un acuerdo histórico con la CONAGUA, dónde se establecieron 5 acuerdos, uno de ellos es precisamente, la armonización del marco jurídico nacional con los tratados internacionales. Al cumplirse 14 años de iniciado el proceso, la COPUDA sigue en pie de lucha, vigilando el puntual cumplimiento de los acuerdos signados, mismos que se verán cristalizados con la firma del Ejecutivo y con la aprobación de una nueva Ley General de Aguas que reivindique a las comunidades y su derecho legítimo sobre el vital líquido así como del territorio.
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