Fortalecer la organización comunitaria es el camino para responder a los retos que enfrentan los territorios indígenas de Oaxaca, coincidieron defensoras y defensores del territorio y los bienes comunes, participantes en la Escuela del Agua y el Territorio, espacio convocado por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.
La primera de cuatro sesiones de esta escuela se realizó el pasado 7 de noviembre, donde se dieron cita representantes comunitarios, defensores, investigadores y activistas de 18 comunidades de las regiones Sierra Norte, Costa, Sierra Sur, Valles Centrales, Istmo y Mixteca. La actividad se realiza en coordinación con Servicios para el Pueblo Mixe (SER Mixe) y Centro de Análisis e Investigación A.C. (FUNDAR), que son parte de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) regional Oaxaca y se contó con el apoyo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que otorgó las facilidades para realizar la actividad en su sede de Arteaga , en el Centro Histórico.
Al dar la bienvenida, Beatriz Salinas Avilés, directora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, señaló que el país atraviesa tiempos complejos, marcados por retrocesos en derechos humanos. Destacó la importancia de espacios de aprendizaje mutuo para compartir experiencias de quienes defienden sus territorios.
Sofía Robles, presidenta de SER Mixe, subrayó la necesidad de reflexionar ante la creciente escasez de agua en las ocho regiones de Oaxaca. Por su parte, José Antonio Álvarez Hernández, director de la Primera Defensoría Especializada de la DDHPO, señaló que la Defensoría ha registrado en los últimos años un aumento de quejas por violaciones al derecho a disponer de agua suficiente y de calidad.
Nadir Hernández Quiroz, coordinador de proyectos de Flor y Canto, sostuvo que el derecho de los pueblos indígenas al agua no puede reducirse a su acceso o aprovechamiento: deben reconocerse las relaciones territoriales y ecológicas que sostienen la biodiversidad y la vida comunitaria. Llamó a examinar el riesgo de que la identificación y catalogación de acuíferos y cuencas en territorios indígenas facilite su explotación, en lugar de protegerlos.
Maira Olivo Paz, coordinadora de Tierra y Territorio de FUNDAR, señaló que persiste una brecha entre el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas y su cumplimiento. Actualmente, subrayó, las instituciones concentran las decisiones sobre el agua, mientras las comunidades enfrentan obstáculos para ejercer su autonomía.
Recordó que la legislación sobre aguas nacionales favoreció históricamente a los sectores económicos y que la Ley General de Aguas, expedida en diciembre de 2025, no transformó de fondo la estructura institucional ni las desigualdades existentes. Destacó la relevancia para la defensa de los derechos de los pueblos de tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los estándares del Sistema Interamericano, estos últimos que reconocen el territorio como un hábitat integral, compuesto por aguas, recursos naturales y relaciones culturales, históricas y comunitarias.
Advirtió sobre las amenazas de los proyectos energéticos y de infraestructura, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, donde el Corredor Interoceánico impulsa parques eólicos, carreteras y gasoductos. Cuestionó una transición energética que presenta las fuentes renovables como solución mientras las comunidades asumen los impactos y las ganancias se concentran en las empresas.
Durante el ejercicio colectivo, las y los participantes iniciaron un diagnóstico y mapeo crítico de los conflictos socioambientales del estado y posibles rutas para enfrentar, de igual forma, expresaron su preocupación por proyectos como la presa Mujer Solteca, el Corredor Interoceánico y el Corredor Vial Zapoteco, entre otros, que han sido presentados por el gobierno como soluciones a las necesidades de las comunidades sin que, señalaron, se hayan explorado alternativas construidas con la participación de sus habitantes y que garanticen el equilibrio de los territorios y sus ecosistemas.
También señalaron que diversas empresas mantienen presiones sobre las comunidades para acceder a sus recursos naturales. Reconocieron, además, que las amenazas territoriales y los conflictos han debilitado la cohesión comunitaria y que, en algunos territorios, se han acumulado afectaciones ambientales difíciles de revertir, como la contaminación de ríos, los tiraderos a cielo abierto y la disminución de los niveles de los mantos freáticos.
Frente a este panorama, el fortalecimiento de la organización comunitaria, el intercambio de experiencias y la construcción de alternativas desde los propios territorios se plantearon como elementos fundamentales para defender el agua, la naturaleza y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.
