Las mujeres indígenas y afromexicanas reunidas en el Foro-Taller de Derechos y Participación Política de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, convocado por el Centro de Derechos Humanos Flor y Canto A.C., FUNDAR Centro de Análisis e Investigación y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), alzamos la voz para exigir al Estado mexicano el pleno reconocimiento de nuestros derechos, el respeto a nuestra dignidad, el acceso efectivo a la justicia y garantías reales para ejercer nuestra participación política y comunitaria libres de todas formas de violencias.
Nuestro pronunciamiento se sustenta en la Constitución mexicana, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Recomendación General No. 39 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que reconoce las formas interseccionales de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas y afromexicanas por razones de género, etnia, territorio, lengua y condición social.
Esta recomendación establece la obligación del Estado de garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas y afromexicanas en la vida pública, su acceso a la justicia, la protección de defensoras de derechos humanos y territorio, así como la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la violencia política, institucional y feminicida.
Sin embargo, en México estas obligaciones están lejos de cumplirse. La violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas, restringiendo derechos y limitando la participación e incidencia política de mujeres indígenas y afromexicanas.
En Oaxaca, la violencia política en razón de género es estructural: entre 2020 y 2023 se registraron más de mil expedientes relacionados con este tipo de violencia, y la entidad concentra uno de los mayores números de casos de personas sancionadas a nivel nacional. Esta violencia se expresa en amenazas, difamación, acoso sexual, bloqueo del ejercicio del cargo, agresiones y desplazamiento de mujeres autoridades y funcionarias municipales y comunitarias, entre otras.
Recordamos con indignación a Nazaret Cortés Velasco, autoridad agraria de San Pedro Totolápam, asesinada en marzo de 2026; y a Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, asesinada en junio de 2025 dentro del palacio municipal. Sus casos evidencian los riesgos que enfrentan las mujeres que ejercen liderazgo comunitario y cargos de representación.
Estos hechos confirman que la participación política de las mujeres en México ocurre en contextos de violencia, impunidad y ausencia de garantías efectivas, por lo que urgimos a fortalecer mecanismos de protección, garantizar justicia efectiva y promover cambios culturales que reconozcan la capacidad de las mujeres para gobernar.
Por ello exigimos:
1. Reconocimiento pleno de los derechos políticos, colectivos y territoriales de las mujeres indígenas y afromexicanas.
2. Medidas efectivas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
3. Investigaciones con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos.
4. Acceso a la justicia pronta, completa y sin discriminación.
5. Protección efectiva para defensoras de derechos humanos, territorio y medio ambiente.
6. Participación plena y efectiva de las mujeres en todos los niveles de decisión.
7. Presupuestos suficientes con participación de mujeres indígenas y afromexicanas.
8. Fortalecimiento de mecanismos contra la violencia política en razón de género.
9. Acciones urgentes contra la violencia feminicida y las desapariciones.
10. Cumplimiento integral de la Recomendación General No. 39 de la CEDAW.
No aceptamos la normalización de la violencia ni la impunidad. Cada feminicidio, desaparición o agresión representa una deuda del Estado con la justicia y los derechos humanos.
Desde nuestros pueblos reiteramos que la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas es indispensable para la democracia, la paz y la vida comunitaria.
¡Ni una menos!
¡Vivas nos queremos!
¡Sin mujeres indígenas y afromexicanas no hay democracia!
