- Consejería jurídica debe garantizar el cumplimiento de acuerdos de consulta indígena y derecho humano al agua de 16 comunidades zapotecas de Oaxaca.
La lucha de 16 pueblos zapotecas por el reconocimiento del derecho humano al agua y la administración del vital líquido en sus territorios llega a un punto decisivo después de 15 años de lucha; comunidades de Valles Centrales de Oaxaca esperan en próximos días un dictamen favorable de la iniciativa presentada ante la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, la respuesta sentará un precedente sobre el reconocimiento o no, de los derechos territoriales sobre el agua de las comunidades indígenas del país.
La iniciativa presentada el pasado 25 de noviembre de 2020 ante el Consejero Adjunto Lic. Juan Carlos Reyes, es fruto de una consulta indígena mandatada por una autoridad judicial, que ha llevado un proceso de más de 5 años, la redacción de la iniciativa lleva el consenso de las comunidades involucradas y de instituciones federales: CONAGUA, SEMARNAT y el INPI.
El auxiliar adjunto de la consejería jurídica se comprometió a “revisar” la propuesta de decreto, comprometiéndose a dar respuesta en un término de una semana, fecha que llegó a su término el pasado viernes 4 de diciembre. Los representantes de las 16 comunidades en un acto de buena fe y confiando en el compromiso del actual gobierno con los pueblos indígenas, aceptaron bajo promesa de no retrasar su respuesta, pues a lo largo de este proceso el gobierno ha emprendido estrategias dilatorias a fin de desgastar el movimiento.
En dicha conferencia estuvo presente el exsecretario de SEMARNAT Víctor M. Toledo Manzur quien en su participación destacó:
“Lamento el papel que ha jugado la Consejería Jurídica, alargando por tantos meses un proceso que es irreversible. Podrán detenerlo unos días pero la democratización del agua no se va a poder detener nunca más ni en México, ni en el mundo. Es incompresible que no se haga caso éste proceso de reivindicación de los derechos humanos y de los derechos de las comunidades sobre el agua”.
Es importante señalar que el dictamen que emita la Consejería Jurídica es de enorme importancia, pues llevará implícita una respuesta a las comunidades indígenas del país; negar o reconocer el derecho de los pueblos sobre la administración comunitaria del agua en sus territorios será un mensaje político que permitirá reconocer si realmente el gobierno está dispuesto a cumplir con los tratados y estándares internaciones en materia de derechos humanos, sin mencionar el respeto al “consentimiento” piedra angular de los procesos de consulta.
Miguel Álvarez exdirector de Serapaz, en su participación coincidió con Víctor Toledo en el acto heroico que está haciendo la COPUDA con su proceso, reconoció como una lucha digna y ejemplar en el ejercicio de sus derechos y ha dado como resultado un decreto justo, que reconoce y respeta la coadministración comunitaria del agua.
Durante la reunión con el consejero adjunto el pasado 25 de noviembre, se entregó un oficio en la que los titulares del INPI Adelfo Regino Montes, de SEMARNAT María Luisa Albores, así como el titular del área jurídica de CONAGUA José Antonio Zamora, en compañía de los representantes de las 16 comunidades indígenas y sus asesores de Flor y Canto A.C. señalan que esta propuesta, representa la mayor posibilidad de armonizar las atribuciones del ejecutivo en materia de administración del agua del subsuelo y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos y tutelados por la constitución federal y los tratados internacionales en la materia.
Citlalli Hernández de SERAPAZ, destacó la importancia que tiene el agua; “debido a que es parte de la agenda global de cara al cambio climático, hay mucho que aprender de estas comunidades indígenas que han venido durante años estableciendo esta relación especial con su territorio y que hoy es necesario que se reconozcan”.
“Cuando se niegan los derechos de los pueblos y se niega el acceso a sus recursos naturales, se está negando la vida de las personas de los pueblos y comunidades indígenas” afirma y cierra en su intervención Maira Olivo Paz, abogada de Flor y Canto A.C.
